La acampada iniciada, este 29 de septiembre, en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, incorporó a Las Palmas de Gran Canaria a las movilizaciones por el derecho a la vivienda que tienen en la Puerta del Sol, en Madrid, uno de sus principales focos. Derecho al Techo reclama al Gobierno de Canarias que actúe dentro de sus competencias, mientras las medidas estatales aprobadas por el Consejo de Ministros afrontan su publicación y posterior convalidación en el Congreso de los Diputados.
La acampada en Gran Canaria nace de una asamblea abierta
La protesta comenzó este 29 de septiembre, después de una asamblea abierta convocada por Derecho al Techo en la Plaza de la Feria. Tras varias horas de debate, una parte de las personas participantes decidió permanecer frente a la Delegación del Gobierno en Canarias y convertir el espacio en un nuevo punto de movilización por el acceso a una vivienda digna.
EFE contabilizó, durante la mañana del 30 de septiembre, 27 tiendas de campaña y unas 45 personas que habían pasado la noche en la plaza. La agencia situó en alrededor de 200 la asistencia a la asamblea celebrada el día anterior. Otros medios ofrecieron cifras superiores al referirse al conjunto de participantes vinculados a la movilización. La diferencia responde, entre otros factores, al momento y al criterio utilizado para cada recuento.
De la Puerta del Sol a la Plaza de la Feria
La movilización grancanaria se desarrolla en paralelo a las protestas surgidas en Madrid y extendidas a otras ciudades españolas. La Puerta del Sol se convirtió en el principal símbolo de esta nueva ola de movilizaciones después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, cuyo caso provocó una amplia reacción social y política.
Aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo que permitió resolver su situación residencial, la protesta trascendió el caso particular. Las organizaciones movilizadas situaron en el centro del debate cuestiones estructurales, como los desahucios de hogares vulnerables, la duración y renovación de los contratos, los alquileres de temporada y por habitaciones, el encarecimiento de las rentas, la vivienda vacía, la especulación inmobiliaria y la insuficiencia del parque público.
La Plaza de la Feria y la Puerta del Sol comparten, así, una fórmula de protesta basada en la permanencia en el espacio público, las asambleas abiertas y la continuidad de las reivindicaciones más allá de una concentración puntual. La comparación no supone equiparar estas movilizaciones con el 15M, cuyo contexto político y social fue diferente, pero sí evidencia que las plazas vuelven a funcionar como espacios visibles de organización ciudadana.
Derecho al Techo reclama medidas al Gobierno de Canarias
Derecho al Techo trasladó a la Plaza de la Feria la comparecencia pública prevista para las 11:00 horas del 30 de septiembre, inicialmente convocada ante el Instituto Canario de la Vivienda. El objetivo era exponer las medidas que la organización considera necesarias para responder a la emergencia habitacional en Canarias.
El colectivo sostiene que una parte de las soluciones depende del Estado, pero defiende que el Gobierno de Canarias dispone también de competencias e instrumentos propios. Entre sus reivindicaciones figuran impulsar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos legales; adoptar medidas para contener los precios del alquiler; actuar frente al uso fraudulento de los contratos de temporada; movilizar vivienda vacía para uso residencial; proteger y ampliar el parque público, y reforzar las garantías para que las personas vulnerables no sean desalojadas sin una alternativa habitacional adecuada.
Derecho al Techo reclama, además, que el Ejecutivo canario mantenga la presión ante el Gobierno central para ampliar las medidas estatales y evitar que la respuesta a la crisis de la vivienda quede limitada a actuaciones parciales.
Las zonas tensionadas entran en el debate canario
Una de las principales reclamaciones afecta a las denominadas zonas de mercado residencial tensionado, una figura prevista en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Su declaración permite aplicar determinadas medidas extraordinarias en áreas donde se acrediten las condiciones establecidas legalmente, relacionadas, entre otros elementos, con el esfuerzo económico que soportan los hogares para pagar la vivienda y con la evolución de los precios.
En Canarias, la tramitación requiere delimitar y justificar el ámbito territorial afectado mediante la información y el procedimiento correspondientes. Derecho al Techo reclama que esta herramienta se impulse allí donde concurran los requisitos legales y que vaya acompañada de políticas capaces de aumentar la oferta residencial asequible y contener el esfuerzo económico de los hogares.
Dos reales decretos-ley y dos recorridos parlamentarios
El Consejo de Ministros aprobó, el 29 de septiembre, dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda. La decisión separó en dos normas distintas medidas que, durante los días anteriores, habían sido agrupadas en el debate público bajo la denominación de «Decreto Maricarmen».
El primero, referido a la protección de la función social y a la ampliación de la oferta de vivienda asequible, incluye, entre otras disposiciones, la ampliación hasta 2030 de mecanismos de protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables; la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para combatir usos fraudulentos; limitaciones temporales a determinadas adquisiciones especulativas de vivienda, y medidas relacionadas con los contratos en vigor.
La formulación jurídica es relevante: estas medidas no equivalen a una prohibición general de todos los desahucios. La aplicación de las suspensiones y demás mecanismos de protección depende de los supuestos, requisitos y excepciones establecidos en la norma. Del mismo modo, las restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias están delimitadas por las condiciones previstas en el propio real decreto-ley.
El segundo real decreto-ley está dirigido a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Al tratarse de normas aprobadas mediante la figura del real decreto-ley, su continuidad exige la convalidación del Congreso de los Diputados en los términos establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española. La votación separada de ambos textos permite, además, que cada uno tenga un recorrido parlamentario distinto.
La publicación en el BOE abre una nueva fase
El 30 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicó el primero de los reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros. La publicación determina su entrada en vigor en los términos fijados por la propia norma, pero no sustituye el trámite constitucional de convalidación parlamentaria.
Por esa razón, la movilización mantiene la mirada puesta en el Congreso. La aprobación gubernamental constituye un paso normativo relevante, pero el futuro de las medidas depende también de la decisión de la Cámara Baja. Ese escenario explica que las acampadas y las organizaciones convocantes hayan mantenido sus acciones mientras continúa el procedimiento parlamentario.
La respuesta estatal no cierra las reivindicaciones
Las organizaciones vinculadas a las protestas han valorado algunas de las medidas aprobadas, pero consideran que quedan asuntos pendientes. Entre sus demandas aparecen una mayor movilización de viviendas vacías, el refuerzo del parque público y asequible, nuevas garantías frente a situaciones de vulnerabilidad y mecanismos que impidan utilizar modalidades contractuales temporales para eludir las protecciones propias del alquiler habitual.
En Canarias, el debate incorpora, además, las competencias autonómicas y municipales. La discusión no se limita, por tanto, a qué debe hacer el Gobierno central, sino también a qué instrumentos pueden activar el Ejecutivo canario y los ayuntamientos dentro del marco jurídico vigente.
Una protesta que trasciende el caso de Maricarmen
El desahucio de Maricarmen actuó como detonante de una movilización que terminó superando los límites de una situación individual. La discusión pasó de un caso concreto a un problema estructural: las condiciones en las que una parte de la población accede a una vivienda, mantiene un contrato de alquiler y afronta el incremento de los precios.
En Las Palmas de Gran Canaria, ese debate encontró un nuevo escenario en la Plaza de la Feria. La acampada iniciada este 29 de septiembre situó frente a la Delegación del Gobierno una reivindicación que conecta con las protestas desarrolladas en Madrid y otras ciudades españolas.
Las tiendas de campaña son la imagen más visible de la movilización. Detrás de ellas permanece la cuestión de fondo: qué medidas deben adoptar las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda y cómo deben repartirse las responsabilidades entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
