Mientras Benjamín Netanyahu entraba en Nueva York, subía al podio de Naciones Unidas y hablaba ante el mundo, el presidente palestino Mahmud Abás no pudo cruzar la misma puerta. Estados Unidos le negó el visado y obligó a que su intervención llegara por vídeo. La escena, ocurrida en la Asamblea General de 2026, resume una contradicción que ya no cabe esconder bajo el lenguaje diplomático: la ley internacional existe, pero su fuerza parece cambiar según quién tenga poder para desafiarla.
Una puerta abierta para Netanyahu
La imagen es difícil de ignorar. Netanyahu llegó a la sede de la ONU con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, emitida el 21 de noviembre de 2024. La CPI sostiene que existen motivos razonables para creer que puede ser responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. A día de hoy, la propia Corte lo mantiene en su registro como prófugo.
Eso no equivale a una condena. Netanyahu no ha sido juzgado ni declarado culpable por la CPI. Esa precisión es esencial. Pero también lo es otra: la orden existe y sigue vigente.
Estados Unidos no es miembro de la CPI y rechaza la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos israelíes. Esa posición explica por qué Netanyahu pudo entrar en territorio estadounidense sin ser detenido. Explicarla, sin embargo, no elimina la pregunta de fondo: ¿qué valor tiene una orden internacional si una potencia puede decidir que no le afecta?
Una puerta cerrada para Abás
A pocos metros de ese mismo podio se produjo la otra cara del episodio. La Administración de Donald Trump volvió a negar en 2026 los visados a Mahmud Abás y a integrantes de la delegación palestina. Washington justificó la medida por las acciones de la Autoridad Palestina ante tribunales internacionales y por otros desacuerdos políticos.
La Asamblea General respondió con una votación: 152 países apoyaron que Palestina pudiera participar por vía virtual. La ONU recordó, además, que el país anfitrión tiene obligaciones derivadas del acuerdo que regula la sede de Naciones Unidas.
El contraste fue rotundo. El dirigente israelí pudo entrar y hablar en persona. El dirigente palestino tuvo que aparecer en una pantalla.
No hace falta dominar el derecho internacional para entender la escena. Basta imaginar dos puertas. Por una pasa un jefe de Gobierno buscado por la CPI. Ante la otra queda detenido, por decisión del país anfitrión, el representante de un pueblo que acude al foro mundial a presentar su posición.
El salón que se vacía
Cuando Netanyahu comenzó su discurso, decenas de delegados abandonaron el salón. Hubo abucheos y una recepción hostil. No fue una sentencia judicial ni una resolución con fuerza ejecutiva. Fue un gesto político. Pero fue también una fotografía del aislamiento que rodea al Gobierno israelí en buena parte del debate internacional sobre Gaza.
Netanyahu respondió con dureza. Rechazó la acusación de genocidio y la calificó como “la mayor mentira del siglo”. Israel sostiene que sus operaciones buscan derrotar a Hamás, que intenta reducir las bajas civiles y que el grupo armado palestino opera entre la población.
Frente a esa defensa existe otra realidad documentada. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido genocidio en Gaza. En junio de 2026, la misma comisión afirmó que continuaban actos que calificó como genocidas y denunció ataques contra niños palestinos. Israel rechaza esas conclusiones.
Ese choque de versiones no puede borrar a las víctimas.
Gaza no es una discusión de salón
Detrás de los discursos, los expedientes y las votaciones están los cuerpos.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sigue describiendo en septiembre de 2026 una Gaza marcada por ataques, destrucción, desplazamiento, falta de suministros, edificios inseguros y servicios sanitarios al borde del colapso. El 16 de septiembre, el derrumbe de un edificio dañado por la guerra mató a 21 personas, entre ellas 12 niños. Naciones Unidas advirtió que muchas familias continúan viviendo en estructuras peligrosas porque no tienen otro lugar.
Una investigación de la comisión de la ONU publicada en junio de 2026 señaló que al menos 20.179 niños palestinos habían muerto y 44.143 habían resultado heridos desde octubre de 2023. Son cifras que obligan a abandonar por un instante el vocabulario de “estrategia”, “alianzas” y “geopolítica”.
Un niño no es una estrategia. Una madre buscando agua no es un tablero diplomático. Un anciano bajo los escombros no es un daño colateral que deba acostumbrarnos.
También hay que recordar el origen inmediato de esta guerra: el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 mató a unas 1.200 personas en Israel y dejó 251 secuestrados, según cifras israelíes citadas por agencias internacionales. Los crímenes contra civiles israelíes no pierden gravedad porque Gaza sufra una catástrofe. Del mismo modo, el horror del 7 de octubre no puede convertir a toda la población palestina en responsable de Hamás.
Ese principio debería ser sencillo: la vida civil no puede convertirse en moneda de guerra.
Afuera de la ONU, otra protesta
Mientras Netanyahu se preparaba para hablar, la protesta también llegó a las calles de Nueva York. La policía detuvo a decenas de personas en una manifestación contra su presencia y contra la guerra en Gaza. Entre los arrestados estuvieron la actriz Susan Sarandon, la actriz Hannah Einbinder y figuras de la política local, según Reuters.
La protesta fue convocada por Jewish Voice for Peace y otros grupos. Participaron judíos, palestinos, iraníes, libaneses y activistas de otras procedencias. La organización presentó la movilización como una exigencia para detener el apoyo militar a Israel y poner fin a lo que denomina genocidio en Gaza.
El dato importa porque rompe una simplificación frecuente: criticar las acciones del Gobierno de Israel no equivale, por sí solo, a atacar al pueblo judío. En esas protestas participan también ciudadanos y organizaciones judías que rechazan las operaciones militares y piden rendición de cuentas.
Una ONU que vota, pero no manda
La escena deja una pregunta incómoda sobre Naciones Unidas.
La Asamblea puede votar. Los relatores pueden advertir. Las comisiones pueden investigar. Los tribunales pueden emitir órdenes. Los diplomáticos pueden abandonar una sala. Pero la capacidad real para hacer cumplir esas decisiones depende de los Estados.
Ese es el límite que queda expuesto en Nueva York.
La ONU no es un gobierno mundial. No tiene una policía propia capaz de ejecutar las órdenes de la CPI, y la propia CPI depende de la cooperación de los Estados. El Consejo de Seguridad, además, está atravesado por el poder de veto de cinco miembros permanentes. Cuando una gran potencia decide proteger a un aliado, la distancia entre una resolución y su cumplimiento puede convertirse en un abismo.
Por eso el problema no es que “la ONU no sirva para nada”. Esa frase sería fácil, pero falsa. Naciones Unidas documenta abusos, coordina ayuda humanitaria, crea espacios de negociación y establece normas que después pueden servir de base para exigir responsabilidades.
El problema es otro: esas normas pierden credibilidad cuando se aplican con distinta fuerza según el peso político del Estado implicado.
Dos puertas y una misma pregunta
Netanyahu habló desde el podio. Abás habló desde una pantalla. Afuera, ciudadanos fueron detenidos por protestar. Dentro, decenas de delegados dejaron sus asientos vacíos.
Y en Gaza, lejos de las alfombras y los discursos, siguen existiendo familias que buscan agua, alimentos, techo y seguridad.
Ese es el centro de esta historia.
No se trata de pedir privilegios para Palestina ni de negar el derecho de los israelíes a vivir sin ataques, secuestros o miedo. Se trata de exigir que el derecho internacional tenga el mismo peso cuando protege a un israelí que cuando protege a un palestino.
Porque si una norma vale solo para quien no tiene poder para desafiarla, deja de parecer justicia y empieza a parecer jerarquía.
La Asamblea General de 2026 ha dejado una imagen difícil de borrar: una puerta abierta, otra cerrada y un salón que se vacía.
La pregunta que queda no es solo qué hará Israel, qué hará Palestina o qué hará Estados Unidos.
La pregunta es qué sentido tendrá el derecho internacional si el mundo acepta que su cumplimiento dependa de quién sea el acusado y de quién sea su aliado.
Fuentes consultadas
• International Criminal Court (CPI): ficha del caso Benjamin Netanyahu y orden de arresto emitida el 21 de noviembre de 2024.
• Naciones Unidas, Asamblea General: resolución de septiembre de 2026 que permitió la participación virtual del Estado de Palestina tras la negativa de visados de Estados Unidos.
• Reuters, 17 de septiembre de 2026: Estados Unidos vuelve a impedir la asistencia presencial de Mahmud Abás a la Asamblea General.
• Associated Press, 24 de septiembre de 2026: salida de delegaciones durante el discurso de Netanyahu y rechazo israelí a la acusación de genocidio.
• Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU: conclusiones sobre genocidio en Gaza, septiembre de 2025, y reporte sobre niños palestinos, junio de 2026.
• OCHA, Informe sobre la situación humanitaria en Gaza, 18 de septiembre de 2026.
• Reuters, 24 de septiembre de 2026: detenciones durante la protesta contra Netanyahu en Nueva York, entre ellas Susan Sarandon y Hannah Einbinder.
• Jewish Voice for Peace, 24 de septiembre de 2026: convocatoria y participantes de la protesta frente a la ONU.
