El desahucio de Maricarmen, de 87 años, y el episodio del espray de gas pimienta en el Congreso ocurrieron el mismo día y obligan a mirar, desde lugares distintos, la responsabilidad institucional, la vulnerabilidad y el verdadero alcance de la seguridad.

Dos escenas de un mismo país

El 23 de septiembre de 2026 dejó en Madrid dos imágenes muy difíciles de conciliar. En una, Maricarmen Abascal, de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50 % y una delicada situación de salud, salía en camilla de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que había vivido durante más de siete décadas. En la otra, a pocos kilómetros, la diputada del Partido Popular Ana Belén Vázquez exhibía en el Congreso de los Diputados un espray de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno.

No son hechos conectados en el plano jurídico. Tampoco existe una relación causal entre uno y otro. Pero, desde el punto de vista periodístico, sí pueden ponerse frente a frente porque ocurrieron casi al mismo tiempo y porque ambos interpelan una misma idea: qué entendemos por seguridad y hasta dónde funcionan los mecanismos que deberían proteger a las personas.

Maricarmen no estaba sola. Vecinos, activistas y el Sindicato de Inquilinas llevaban tiempo acompañándola. Una escritora que pidió permanecer en el anonimato se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros que la mujer venía pagando y los 2.650 euros que reclamaba la propiedad cada mes. El Ministerio de Vivienda trató de negociar e incluso planteó la posibilidad de comprar la vivienda o asumir parte de la solución económica. Según las informaciones publicadas, esas propuestas no prosperaron.

Una casa no es solo un activo

La propietaria del inmueble es Urbagestión Desarrollo e Inversión. La propia empresa rechaza que se la denomine «fondo buitre» y sostiene que es una pyme inmobiliaria. Esa precisión debe hacerse. Pero también deben explicarse los hechos: la compañía adquirió la vivienda, litigó sobre la continuidad del contrato de renta antigua y terminó obteniendo una resolución favorable del Tribunal Supremo. La legalidad de una decisión, sin embargo, no agota el debate social que provoca.

El origen del conflicto está en un contrato firmado en los años cincuenta por el padre de Maricarmen. Tras sucesivas subrogaciones, el Tribunal Supremo concluyó que la continuidad del contrato no quedaba amparada por la excepción prevista para determinados supuestos de discapacidad. Maricarmen tiene reconocido un 50 %, por debajo del umbral del 65 % que resultaba clave para esa excepción.

Aquí surge una de las preguntas centrales. ¿Puede un sistema considerar ajustada a derecho una salida y, al mismo tiempo, producir un desenlace inaceptable en el plano social? La respuesta es sí. Y por eso existen las políticas públicas, los servicios sociales, la vivienda pública, la mediación y las normas de protección de las personas vulnerables: para evitar que la aplicación de una regla termine convertida en abandono.

Cerca de 70 desahucios al día: la dimensión que esconden las cifras

El caso de Maricarmen conmueve porque tiene rostro, edad, historia y una puerta concreta. Pero no es un fenómeno aislado. Los datos del Consejo General del Poder Judicial sitúan en torno a 25.500 los desahucios practicados en España durante 2025. La estadística incluye distintos tipos de inmuebles, y no solo viviendas habituales, una precisión necesaria para no distorsionar el dato. Aun así, la magnitud equivale a unos 70 desahucios diarios de media.

Más de siete de cada diez estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las cifras descendieron respecto al año anterior, pero una reducción porcentual no elimina la realidad humana que existe detrás de cada expediente. Los números contabilizan procedimientos; no pueden medir el miedo de quien pierde el lugar donde ha construido su vida.

España dispone hoy de mecanismos extraordinarios para suspender determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, además de programas públicos destinados a facilitar soluciones habitacionales a personas que han sido desahuciadas y a otros colectivos vulnerables. Pero esas medidas tienen requisitos, límites y procedimientos concretos. No significan que toda persona mayor, enferma o en situación de fragilidad económica quede protegida de forma automática frente a cualquier expulsión.

Cuando la protección existe, pero no alcanza

El episodio obliga, por tanto, a formular la pregunta con precisión: las personas mayores no estamos desprovistas de toda protección legal, pero ¿basta la protección real cuando alguien de 87 años, enfermo y sin una solución residencial que considere adecuada, termina saliendo de su hogar en una camilla?

La respuesta no puede reducirse a señalar a un juez, a una empresa o a una sola Administración. En el caso confluyen decisiones judiciales, normas arrendaticias construidas durante décadas, competencias estatales, autonómicas y municipales, falta de una solución habitacional aceptada y el fracaso de distintos intentos de negociación. La solidaridad ciudadana existió. Lo que falló fue la capacidad de convertirla, junto con la intervención institucional, en una solución a tiempo.

También existe responsabilidad política en el diseño de las normas. El 26 de febrero de 2026, PP, Vox y Junts votaron en contra de un paquete conocido como «escudo social», que incluía una moratoria antidesahucios para familias vulnerables y otras medidas sociales. Esos partidos argumentaron, entre otras razones, que la regulación perjudicaba a propietarios y podía favorecer situaciones de ocupación. Quienes defendían el paquete sostenían, por el contrario, que era necesario para impedir que hogares vulnerables quedaran sin protección. Es una discrepancia política legítima; sus efectos sociales también deben ser examinados.

El debate serio no consiste en afirmar que una formación política «quiere» que una anciana pierda su casa. No existen datos que permitan sostener algo así. Consiste en preguntar qué consecuencias tienen determinadas decisiones legislativas, qué colectivos quedan fuera, cómo se compensan los derechos de los propietarios y qué responsabilidad asumen las administraciones cuando una persona vulnerable llega al último escalón del procedimiento sin una alternativa efectiva.

Mientras tanto, en el Congreso

En esa misma mañana, el Congreso vivía una escena insólita. Ana Belén Vázquez, diputada del PP y portavoz de Interior de su grupo, mostró desde su escaño un bote de espray de gas pimienta mientras preguntaba al ministro del Interior por la situación de seguridad en Ceuta. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ordenó abandonar el hemiciclo al considerar que se trataba de un arma a efectos del Reglamento de la Cámara.

Vázquez sostuvo que el espray estaba vacío y defendió que no debía considerarse un arma. El Partido Popular respaldó su protesta y acusó a Armengol de sobreactuar. La discusión política podía haber terminado ahí. No terminó.

Después de abandonar el pleno, Vázquez entregó el bote a un asesor del Grupo Popular. Según reconoció luego el propio trabajador a EFE, la diputada le pidió que lo «limpiara» por si quedaban restos. El asesor lo accionó en un baño del Congreso y salió gas. Varias dependencias tuvieron que ser precintadas y doce personas fueron atendidas por los servicios médicos. Una mujer que formaba parte de una delegación de Mauritania sufrió vómitos y problemas respiratorios. Una funcionaria presentó denuncia y una trabajadora de la cafetería recibió más tarde una baja médica por intoxicación.

Ese detalle importa. No fue Ana Vázquez quien vació el bote en el baño, de acuerdo con las informaciones contrastadas disponibles. Pero el espray entró en la Cámara como parte de una escenificación política, fue entregado después a un trabajador de su grupo y acabó generando un incidente de seguridad dentro de la institución que representa la soberanía popular.

La paradoja de la seguridad

La comparación resulta inevitable. En el Congreso se utilizó un objeto destinado a la defensa personal como símbolo para denunciar inseguridad. Horas después, ese mismo objeto había provocado un problema real de seguridad dentro del propio Parlamento.

Y mientras se discutía quién estaba bien protegido en las calles, Maricarmen necesitaba otra clase de seguridad: la de saber dónde vivir, la de no ver desaparecer, a los 87 años, el espacio que había sido su hogar desde 1956, y la de que la vulnerabilidad reconocida sobre el papel encontrara una respuesta eficaz antes de que llegaran la comisión judicial, la Policía y una ambulancia.

Seguridad es poder caminar sin miedo por una calle. Pero también es disponer de un techo, recibir cuidados cuando se envejece y contar con instituciones capaces de reaccionar antes de que una emergencia social se convierta en una tragedia personal. No son seguridades incompatibles. Un Estado democrático está obligado a trabajar por todas ellas.

¿Qué imagen ofrecemos como país?

La imagen exterior de un país no se construye solo con discursos institucionales. También se construye con lo que sucede dentro de sus instituciones y con la manera en que trata a quienes tienen menos capacidad para defenderse.

Que una integrante de una delegación extranjera tenga que recibir asistencia médica por la liberación accidental de gas pimienta dentro del Congreso es un episodio que daña la solemnidad y el cuidado exigibles a una institución parlamentaria. Que una mujer de 87 años salga en camilla de la casa en la que ha vivido durante más de setenta años, pese a una movilización social extraordinaria y a varias propuestas económicas para evitarlo, obliga también a revisar la eficacia de nuestras redes de protección.

No se trata de afirmar que España sea un país sin leyes ni protección social. Las tiene. Se trata de comprobar si llegan a tiempo, si cubren los casos que deberían cubrir y si las distintas administraciones son capaces de coordinarse cuando una persona vulnerable queda atrapada entre la letra de una norma, una resolución judicial y un mercado de vivienda cada vez más difícil.

Mi mirada desde Radio Guiniguada

Desde lo que he aprendido en Radio Guiniguada, una radio comunitaria, libre, inclusiva y comprometida con la solidaridad y los derechos humanos, no puedo mirar estas dos escenas como simples anécdotas de la actualidad. El periodismo comunitario tiene la obligación de escuchar primero a quienes suelen disponer de menos altavoces.

Eso significa defender el rigor incluso cuando una historia nos indigna. Significa no convertir la información en propaganda, pero tampoco esconder detrás de una falsa neutralidad el sufrimiento que está delante de nuestros ojos. Significa preguntar quién queda fuera cuando una norma no alcanza, quién asume las consecuencias de una decisión política y por qué una sociedad movilizada puede ofrecer ayuda mientras las instituciones no consiguen cerrar una solución.

No faltó gente a la que le importara Maricarmen. Hubo vecinos, activistas, profesionales y personas dispuestas incluso a poner dinero para que permaneciera en su casa. Por eso quizá la pregunta sea todavía más dura: si hubo voluntad social, propuestas económicas y mecanismos públicos, ¿cómo se llegó aun así a la camilla?

Y, si el Parlamento es el lugar donde se construyen las reglas de convivencia, también merece una reflexión que un espray de gas pimienta termine protagonizando una sesión y afectando de forma física a trabajadores y visitantes.

Dos escenas. Dos formas de vulnerabilidad. Una misma obligación democrática: que las instituciones sirvan para proteger derechos antes de que el daño sea irreversible.

Porque una sociedad no se mide solo por la firmeza con la que hace cumplir sus leyes. También se mide por la humanidad con la que evita que esas leyes dejen a alguien atrás.

Fuentes consultadas y contraste

• Consejo General del Poder Judicial (estadística de lanzamientos de 2025, difundida el 20 de marzo de 2026).

• Boletín Oficial del Estado: Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, sobre medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social.

• Boletín Oficial del Estado: Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

• EFE, 23 de septiembre de 2026: ejecución del desahucio de Maricarmen Abascal y reconocimiento del asesor del PP que manipuló el espray.

• RTVE y Europa Press, 23 de septiembre de 2026: incidente del espray de gas pimienta en el Congreso.

• EL PAÍS, 22 y 23 de septiembre de 2026: ofertas de mediación, propuesta de una donante anónima y perfil de Urbagestión.

• RTVE, 26 de febrero de 2026: votación parlamentaria del denominado escudo social.