Donald Trump ha vuelto a cargar contra España por la crisis migratoria de Ceuta, después de meses de desencuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez por el gasto en la OTAN y por el rechazo español a la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las críticas del presidente estadounidense, difundidas a comienzos de septiembre desde Washington y en entrevistas internacionales, coinciden con una relación estratégica cada vez más estrecha entre Estados Unidos y Marruecos. A ese escenario se añaden ahora documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), conocidos entre el 9 y el 13 de septiembre, que confirman la existencia de avisos previos sobre convocatorias para una entrada masiva en Ceuta y abren nuevos interrogantes sobre qué sabían las autoridades españolas y marroquíes antes de los hechos.
Ceuta entra en el discurso de Trump
La crisis de Ceuta se ha convertido en un nuevo argumento de Donald Trump contra España. El 6 de septiembre, el presidente de Estados Unidos calificó de «triste» lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma y acusó al país de tener «cero control» sobre su frontera. Días antes había descrito a España como un «país arruinado» y había atribuido la entrada masiva de migrantes a «leyes débiles» y a una «mala gestión» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El tono no aparece aislado. Trump ha venido vinculando sus críticas a España con otros desacuerdos abiertos entre ambos gobiernos, especialmente el gasto en defensa dentro de la OTAN y la posición española ante los conflictos de Oriente Próximo. La crisis fronteriza ha pasado así de ser un problema humanitario y de seguridad a formar parte de una confrontación política de mayor alcance.
Un choque que empezó mucho antes
Las relaciones entre Washington y Madrid ya atravesaban una etapa de fuerte tensión antes de los acontecimientos de Ceuta. El Gobierno español se ha resistido a asumir sin matices las exigencias de Trump en materia de gasto militar y ha reivindicado su capacidad para fijar una política exterior propia, incluso cuando esa posición entra en conflicto con la de su principal aliado dentro de la OTAN.
Esa distancia quedó especialmente expuesta con Irán. Pedro Sánchez ha sostenido que la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní vulneró la legalidad internacional y que España no sería cómplice de guerras que considera «ilegales e innecesarias». Al mismo tiempo, el Ejecutivo español ha condenado los ataques indiscriminados del régimen iraní contra otros países de la región.
Irán, una brecha política de fondo
La posición española no supone una defensa del régimen iraní. El propio Gobierno ha subrayado su rechazo a la represión interna de Teherán, especialmente contra las mujeres y las niñas. La discrepancia con Washington se sitúa en otro terreno: el respeto al derecho internacional, el uso de la fuerza y la idea de que una alianza estratégica no obliga a respaldar automáticamente cada decisión militar de Estados Unidos.
Sánchez ha insistido en que el desacuerdo entre aliados también forma parte de una relación democrática. Desde esa perspectiva, España ha defendido que puede cooperar con Estados Unidos en seguridad y, al mismo tiempo, oponerse a una intervención que considera equivocada. Ese planteamiento choca con una presidencia estadounidense que ha hecho de la presión pública sobre sus socios una herramienta habitual de negociación.
La OTAN añade presión a la relación bilateral
El gasto en defensa constituye el segundo gran foco de conflicto. Trump ha reprochado reiteradamente a España que no destine a la seguridad y la defensa el porcentaje que Washington considera necesario. Madrid, por su parte, sostiene que su aportación debe medirse también por capacidades militares, despliegues y compromisos concretos con la Alianza, y no únicamente por un porcentaje del producto interior bruto.
Cuando Trump vuelve a mencionar Ceuta junto a sus reproches por la OTAN, la frontera española deja de aparecer en su discurso como un asunto independiente y pasa a integrarse en una narrativa más amplia de presión sobre el Gobierno de Sánchez.
Marruecos, aliado estratégico de Washington
El tercer vértice de esta relación es Marruecos. Estados Unidos mantiene desde hace décadas una estrecha cooperación militar y diplomática con Rabat, reforzada tras el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Para Washington, el reino alauí es un socio clave en el norte de África; para España, es al mismo tiempo un vecino imprescindible y el país del que depende buena parte de la cooperación en materia migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Esa doble condición explica por qué cada crisis fronteriza adquiere rápidamente una dimensión geopolítica. La presión migratoria, la soberanía territorial, la seguridad regional y las alianzas internacionales se entrelazan en un espacio de apenas unos kilómetros.
El controvertido informe del Congreso estadounidense
La polémica creció después de que el congresista republicano Thomas Massie llamara la atención sobre un informe de la Cámara de Representantes relacionado con el proyecto presupuestario H.R. 8595. El documento acompañante contiene referencias a Ceuta y Melilla y contempla financiación para programas de seguridad y cooperación militar con Marruecos.
La formulación utilizada en ese informe ha generado críticas porque presenta las dos ciudades desde una óptica próxima a la reivindicación marroquí. Sin embargo, conviene fijar con precisión el alcance jurídico del documento: no existe una ley estadounidense que haya transferido Ceuta o Melilla a Marruecos, ni el Congreso de Estados Unidos tiene capacidad para disponer de territorio español.
Lo que sí puede afirmarse y lo que no
El lenguaje político del informe merece atención y puede interpretarse como una señal del peso que Marruecos ha adquirido en determinados sectores de Washington. Pero convertir esa señal en la afirmación de que Estados Unidos autorizó una ocupación o una cesión territorial sería ir más allá de los hechos comprobados.
La misma cautela debe aplicarse a la crisis migratoria. Existen elementos que justifican preguntas sobre la actuación de Marruecos y sobre el conocimiento previo de las autoridades. No hay, hasta ahora, pruebas públicas que permitan concluir que Washington organizó la entrada masiva como represalia por la política exterior española.
Thomas Massie expone la contradicción republicana
Massie, enfrentado en distintos asuntos con la dirección de su propio partido, utilizó el episodio para cuestionar la coherencia de los republicanos. Su argumento fue político: no se puede endurecer el discurso contra Marruecos por lo ocurrido en Ceuta y, al mismo tiempo, respaldar documentos y partidas presupuestarias que fortalecen la relación estratégica con Rabat sin explicar esa aparente contradicción.
La denuncia del congresista no convierte su interpretación en un hecho jurídico, pero sí revela un debate real dentro de Estados Unidos sobre hasta dónde debe llegar el apoyo a Marruecos y cómo se encaja ese respaldo con los intereses de aliados europeos como España.
La dimensión humana no puede desaparecer
El pulso diplomático corre el riesgo de borrar a quienes protagonizaron la crisis desde el lado más vulnerable. Decenas de miles de personas intentaron cruzar hacia Ceuta a finales de julio en una situación que desbordó los recursos de la ciudad y dejó muertos, heridos, menores y familias atrapadas entre la frontera, los procedimientos de devolución y las solicitudes de protección internacional.
Investigar si los movimientos migratorios fueron tolerados, facilitados o utilizados políticamente resulta imprescindible. También lo es evitar que esas personas queden reducidas a simples piezas de una disputa entre gobiernos. La seguridad fronteriza y la dignidad humana no son principios incompatibles.
Los documentos del CNI reabren el caso
Las revelaciones conocidas en septiembre han cambiado el centro de gravedad del debate. Reuters informó el 9 de septiembre de que el CNI había advertido a autoridades españolas y marroquíes, antes de la entrada masiva, sobre convocatorias difundidas en redes sociales para intentar acceder a Ceuta por tierra y por mar. Los avisos se referían a comunidades digitales con una audiencia conjunta de gran tamaño y describían un incremento de la presión migratoria en los días previos.
La existencia de esas comunicaciones no demuestra que Marruecos organizara la operación, pero sí obliga a preguntar qué medidas preventivas se adoptaron después de recibirlas. Informes internos citados por Reuters señalaron una actuación preventiva limitada de las fuerzas marroquíes, mientras Rabat ha rechazado cualquier responsabilidad en la crisis y acusa a sus críticos de utilizarla en la batalla política española.
La novedad del 13 de septiembre: quién recibió el aviso
Este 13 de septiembre, una nueva información de EL PAÍS ha añadido otra pieza al expediente. Según documentación desclasificada, la central del CNI en Madrid instó a su responsable en Ceuta a trasladar a la Delegación del Gobierno la información sobre las convocatorias detectadas antes de la entrada masiva.
El jefe del CNI en la ciudad mantuvo comunicaciones por WhatsApp y teléfono con responsables de la Guardia Civil y con miembros de la Delegación. A partir de ahí han surgido versiones contradictorias sobre quién recibió exactamente la advertencia, quién la transmitió y por qué la magnitud del riesgo no se tradujo en una respuesta capaz de evitar el colapso fronterizo. La dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno, en medio de ese cruce de versiones, ha elevado la controversia del terreno operativo al político.
Preguntas que siguen sin respuesta
El caso presenta hoy más certezas que hace unas semanas, pero también más interrogantes. Se sabe que hubo avisos previos; que Marruecos recibió información; que organismos españoles conocían convocatorias en redes; que Washington mantiene una relación privilegiada con Rabat; y que Trump ha utilizado Ceuta para intensificar sus críticas contra España en plena disputa por la OTAN y por Irán.
Lo que todavía no está probado es que esos elementos formen parte de una única operación coordinada. El periodismo no debe sustituir la ausencia de pruebas por una hipótesis conveniente, por atractiva que resulte. Su obligación es hacer las preguntas incómodas, seguir el rastro de los documentos y distinguir entre hechos, indicios e interpretaciones.
De Irán a Ceuta: una relación bajo tensión
El conflicto entre Trump y España ya no puede explicarse mediante un solo episodio. Irán, la OTAN, Gaza, la política comercial, Marruecos y ahora Ceuta forman parte de una relación bilateral sometida a una presión poco habitual entre dos países aliados.
Trump ha demostrado públicamente su disgusto con las decisiones españolas y ha convertido ese desacuerdo en ataques directos contra el Gobierno de Sánchez y contra la imagen del país. España, por su parte, sostiene que ser aliado de Estados Unidos no implica renunciar a su soberanía política ni aceptar sin discusión una estrategia internacional basada en la fuerza.
En ese choque de intereses, Ceuta se ha convertido en mucho más que una frontera. Es ahora un escenario en el que confluyen migración, soberanía, seguridad, influencia internacional y propaganda política. Y mientras aparecen nuevos documentos, una pregunta permanece abierta: ¿qué ocurrió realmente antes del 30 de julio y hasta dónde llegaba la información de quienes tenían la responsabilidad de impedirlo?
